ACABA asociación surge para amparar a aquellos usuarios de Airbnb que han sido sancionados por el Ayuntamiento de Barcelona por alquilar su residencia habitual de forma esporádica.

A mediados del 2016 el Ayuntamiento de Barcelona emprendió una lucha para acabar con los problemas de convivencia vecinal y especulación inmobiliaria surgidos a raíz del turismo masivo en la ciudad. Con este objetivo, el Consistorio ha abierto en el periodo de un año más de 6.500 expedientes por supuesto alquiler de vivienda de uso turístico sin licencia.

Como ciudadanos de Barcelona, reconocemos que hacía falta una iniciativa municipal y comprendemos la motivación del Ayuntamiento. Sin embargo, en su afán por penalizar a grandes especuladores inmobiliarios, el Ayuntamiento ha incluido en el mismo saco a quienes alquilaron en alguna ocasión puntual su residencia habitual, que aquellas empresas y profesionales que explotaban las viviendas como modelo de negocio, sin otorgar a las viviendas un uso residencial, imponiendo en ambos casos la misma sanción de 60.001 euros.


El Ayuntamiento de Barcelona ha calificado los hechos como una infracción “muy grave” según la Ley de Turismo de Catalunya, imponiendo multas a ciudadanos que de entre 30.000 y 600.000 euros, convirtiéndose en la única ciudad del mundo en la que ha optado por sancionar de forma masiva y automatizada a todo aquel anunciante que ofreciera una vivienda en alquiler en Airbnb, castigando duramente las iniciativas de economía colaborativa al no distinguir en los procedimientos abiertos a quienes alquilaban su vivienda habitual de forma esporádica de quienes lo hacían como una pura actividad económica, sin otorgar ningún uso residencial a la vivienda.


El Ayuntamiento no hizo ningún esfuerzo por advertir a la ciudadanía su decisión de imponer estas multas sino todo lo contrario, lo que evidencia la mala fe de su actuación. En primer lugar, envió una carta a todos los ciudadanos buscando la complicidad de los vecinos para que se denunciaran entre ellos; en vez de advertir que en adelante este tipo de conducta sería sancionable. Y cuando detectó los supuestos infractores no envió ninguna carta de advertencia. Las órdenes de cese que envió no evitaban la imposición de la multa; en ningún momento quiso dar una oportunidad a los ciudadano.

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